La Empresa Nacional de Innovación (ENISA) y Enagás han firmado un acuerdo para favorecer la financiación público-privada de proyectos empresariales sostenibles. A partir de ahora, Enagás visibilizará la financiación que ofrece la Empresa Nacional de Innovación y la manera de solicitarla. ENISA, por su parte, analizará la posible financiación mediante préstamos participativos de las solicitudes recibidas.
“Estamos muy orgullosos de unir el nombre de ENISA al de Enagás y su filial, Enagás Emprende, e iniciar así un camino que apuesta por el apoyo de proyectos o empresas que requieran de nuestra inversión para empezar o continuar su actividad emprendedora sostenible”, explica el CEO de ENISA, José Bayón López.
Por su parte, Marcelino Oreja Arburúa, añade que crear este tándem es perfecto ya que “pone en valor la competitividad española y el impulso de la transición energética, apoyando a start-ups y proyectos de innovación, a través de la diversificación de nuevos modelos de negocio, así como el acceso a tecnologías disruptivas en fase temprana”.
“La decisión sobre la aprobación de cada operación será competencia de ENISA. Será así de acuerdo con lo establecido en las condiciones, requisitos y procedimientos de aplicación que regulan la gestión del préstamo participativo”, destaca Bayón. “La financiación que ofrece ENISA a las pymes puede contribuir a incrementar las opciones de competitividad del ecosistema de innovación”, recalca Oreja.
Para facilitar la colaboración entre entidades, ha sido constituido un grupo de trabajo formado por cuatro miembros. Por parte de ENISA, la directora de Comunicación y Promoción, Carmen Cuesta, y el coordinador de Promoción y Relaciones Institucionales, Alberto Moratiel. Por parte de Enagás, el director general de Enagás Emprende, Fernando Impuesto, y el gerente de Innovación Abierta y Emprendimiento Corporativo, Emilio Martínez.
PRÉSTAMO PARTICIPATIVO
El instrumento financiero, gestionado a través de ENISA, es el préstamo participativo. Se otorga con importes entre los 25.000 y 1.500.000 de euros, que no exige más garantías que las del propio proyecto empresarial y un equipo gestor solvente.
Las empresas han de tener su domicilio social en España y presentar proyectos empresariales viables técnica y económicamente; así como un modelo de negocio innovador, novedoso o con claras ventajas competitivas.
